La próxima semana, la Audiencia de Málaga llevará a cabo el juicio contra el alcalde de Pujerra, Francisco Macías, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de obras de infraestructura relacionadas con una nave destinada a la elaboración de castañas.
La Fiscalía ha solicitado para el alcalde una pena de nueve años de prisión y 15 años de inhabilitación, acusándolo de delitos de prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental. Junto a él, hay otros tres procesados.
De acuerdo con el escrito de acusación, en diciembre de 2013, el Ayuntamiento de Pujerra inició el proceso de adjudicación de las obras necesarias para equipar una nave municipal dedicada a la elaboración de castañas. El contrato se gestionó por procedimiento negociado sin publicidad y fue financiado completamente por la Diputación, con un importe de 194.381 euros.
El alcalde, en su rol, aprobó el expediente de contratación, siendo el secretario del Ayuntamiento en ese momento otro de los acusados. Además, los administradores de dos empresas implicadas en el proceso también han sido procesados.
La Fiscalía alega que el proyecto se adjudicó en enero de 2014 a una de estas empresas, aunque fue el responsable de la otra quien, con el consentimiento de los acusados, gestionó la ejecución del proyecto. Este último subcontrató de manera presuntamente irregular los trabajos relacionados con la maquinaria, con el visto bueno del alcalde y sin objeciones del secretario.
En este primer contrato, se detectaron numerosas irregularidades. Un segundo expediente fue tramitado de manera similar, también sin publicidad y con presuntas irregularidades en el proceso.
Según el escrito de la acusación, los cuatro acusados actuaron en complicidad, vulnerando las normativas de contratación pública. Se les acusa de haber simulado la solicitud de ofertas para dar la apariencia de legalidad al proceso, infringiendo principios fundamentales como la publicidad y la competencia.
Aunque no se han identificado los beneficiarios finales de la diferencia entre el coste real de las obras y el dinero público pagado, la Fiscalía sostiene que la actuación de los acusados perjudicó los intereses económicos del Ayuntamiento de Pujerra.
El alcalde y el secretario municipal enfrentan cargos de prevaricación y fraude en la contratación, así como falsedad documental, y se solicitan nueve años de prisión para cada uno. Los otros dos acusados enfrentan cargos de prevaricación como cooperadores, además de falsedad y estafa. También se solicita que indemnicen con 15.100 euros a la empresa subcontratada por la cantidad supuestamente defraudada.
El juicio está programado para comenzar el martes 17 en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga.
