Más de 30 toneladas de carne y huesos han sido retiradas y destruidas en Benaoján después de que una investigación detectara su tratamiento con agua oxigenada industrial. Dos personas están siendo investigadas por presuntos delitos contra la salud pública y falsedad en documento privado.
La operación, denominada Redox, ha sido desarrollada por efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Málaga junto con los servicios de control sanitario de la Junta de Andalucía.
Una nave clandestina junto a otra autorizada
Las actuaciones comenzaron en diciembre de 2025, tras una inspección en una nave que funcionaba sin las licencias necesarias. El inmueble se encontraba junto a otra instalación que sí disponía de autorización oficial y, según la investigación, se utilizaba para desviar parte de la producción y ocultar la mercancía antes de intentar reintroducirla en el mercado.
Durante la inspección se localizaron productos cárnicos almacenados sin refrigeración y distintos géneros depositados directamente sobre el suelo, entre fluidos y suciedad. La pérdida de la cadena de frío había provocado además una contaminación microbiológica grave.
La combinación de un químico prohibido y la ruptura de la cadena de frío suponía un riesgo grave para la salud pública
Los análisis técnicos confirmaron que se sumergían huesos y espinazos de cerdo en soluciones de peróxido de hidrógeno al 50%, una concentración de uso industrial cuya aplicación en productos alimentarios está prohibida.
Riesgo de quemaduras y destrucción de la mercancía
Los informes del Grupo de Periciales de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y de la Junta de Andalucía advierten de que la elevada porosidad del hueso facilita la absorción del producto químico. Su consumo podía causar quemaduras severas y daños corrosivos en el aparato digestivo.
El rastreo de la sustancia permitió determinar que la titular de la explotación adquirió 45.830 kilogramos de peróxido de hidrógeno entre febrero de 2025 y junio de 2026.
Ante el riesgo detectado, la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga decretó el cierre inmediato de las instalaciones y ordenó intervenir y destruir 30.530 kilogramos de carne y huesos contaminados.
La propietaria de la empresa y el encargado de la planta permanecen investigados. Las diligencias han quedado a disposición de los Servicios Generales-Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda.
